(VOVworld) – Este primero de julio, el Partido Liberal Democrático gobernante de Japón y su socio de coalición, el Komeito, llegaron a un acuerdo oficial favorable al ejercicio del derecho a la autodefensa colectiva. El acuerdo abre el camino al gobierno nipón para aprobar la Resolución sobre la reinterpretación de la Constitución de 1947. Este es considerado como un cambio radical en la política de seguridad de Japón, desde el nacimiento de sus Fuerzas de Autodefensa en 1954.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el Artículo 9 de la Carta Magna de Japón, llamada también Constitución de la paz, estipuló: “El pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. No se mantendrán fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del estado no será renocido.”

Aproximadamente 7 décadas después de la derrota militar de Japón en la Segunda Guerra Mundial, esta cláusula imposibilita a Tokio a garantizar la seguridad nacional y participar en el mantenimiento de la seguridad en la región. En realidad, el Gobierno nipón desea reinterpretar el Artículo 9 de la Constitución nacional de 1947, para reforzar la seguridad nacional. Sin embargo, este plan necesitará la aprobación de los dos tercios de los miembros del Parlamento al menos, así como el consentimiento de la mayoría de los ciudadanos japoneses en un referéndum al respecto.

Tomar iniciativas en la defensa de la seguridad nacional

En un mundo cambiante y ante la demostración del poderío de las grandes potencias de Asia- Pacífico, se estima que la revisión de la Constitución de la paz ampliará considerablemente la capacidad militar de Japón mediante la eliminación de la prohibición del ejercicio del derecho de autodefensa colectiva o el apoyo a un país aliado en peligro. De esta manera, Japón podría desplegar sus fuerzas armadas en un nivel mínimo en el caso de que alguno de sus aliados sea atacado y que este ataque pueda amenazar el país o el derecho de los japoneses de vivir, de disfrutar la libertad y la felicidad. La modificación constitucional también permitirá menos restricciones a la participación de Japón en las actividades de seguridad colectiva de la Organización de las Naciones Unidas y las actividades de respuesta a los incidentes que no supongan un ataque armado, considerados por  Tokio como la “zona gris”.

El hecho de que Japón pueda aumentar su participación en las actividades militares en la región es calificado como acicate para un gran cambio de la balanza de seguridad en Asia. El profesor Alan Dupont de la Universidad New South Wales, de Australia, estimó que si logra vencer el sistema político de Japón, este será el cambio más impactante de la política de defensa del país del sol naciente desde la creación de sus Fuerzas de Autodefensa en 1954. Según el ex diplomático japonés, Kunihiko Miyake, por fin Japón alcanza las normas globales de seguridad. Mientras tanto, Narushige Michishita, experto en seguridad del Centro de Investigación de Políticas nacionales, con sede en Tokio, opinó que esta reforma en lo fundamental ayudará a Japón a defenderse.

Apoyo de aliados y oposición de la población

Hasta el momento, numerosos países, entre ellos los aliados de Japón respaldan el proyecto de reinterpretación de la Constitución de la paz. Estados Unidos expresa su explícito apoyo abogando por una posición más equilibrada en la alianza militar con Japón. Australia y Filipinas también manifestaron su respaldo a este plan. El ministro camboyano de Relaciones Exteriores, Hor Namhong, en una conversación sostenida recientemente en Pnom Penh con su homólogo nipón, Fumio Kishida, estimó que el proyecto del presidente Shinzo Abe de reforzar el papel de las Fuerzas de Autodefensa contribuirá a mantener la paz y la estabilidad en el mundo. Por su parte, China dio a conocer que Beijing aumentará la vigilancia ante las intenciones verdaderas de Japón. Seúl admitió que la autodefensa colectiva es un derecho legítimo de Tokio, sin embargo rechazó una eventual intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas en el conflicto en la península coreana sin una solicitud directa de la parte de Corea del Sur.

Mientras tanto, la proyectada reinterpretación de la Constitución de la paz ha provocado una gran polémica en la sociedad japonesa, a pesar de la afirmación del primer ministro Shinzo Abe, de que Japón seguirá siendo un país pacifista y las Fuerzas de Autodefensa no se involucrarán en las operaciones militares en el exterior. Los resultados de los últimos sondeos demuestran que al menos la mitad de las personas encuestadas se opone a este plan. Los resultados de un estudio realizado por el diario Mainochi a fines de la semana pasada corroboraron el rechazo del 58% de los entrevistados. El sondeo del periódico Nikkei, publicado el pasado 29 de junio también reveló que la mitad de los japoneses encuestados se opusieron a la eliminación de la prohibición de la participación del Ejército en el extranjero. La población muestra su preocupación por una posible ampliación de ámbito del ejercicio del derecho a la defensa colectiva después del levantamiento de la prohibición de usar las fuerzas armadas. Un día antes de la reunión de la coalición gobernante, se llevaron a cabo marchas en Tokio, en las que los manifestantes llevaron consignas como “No a la guerra” y “Sé leal al Artículo 9”.

El consenso de los partidos de la coalición con la reforma de la política de seguridad es una ventaja para el premier Shinzo Abe para materializar el plan de defensa nacional. Sin embargo, recibir el apoyo de la población constituye un reto difícil de superar para su Gabinete.