La legislación define las regulaciones sobre la gestión, la protección, el desarrollo y la explotación de los recursos forestales, además de procesar y comercializar los productos silvícolas. En especial, prohíbe la transformación del uso de los bosques naturales salvo los casos de desarrollo nacional cumpliendo con los proyectos importantes del Estado, tales como los relativos a la seguridad y defensa.

En cuanto a la gestión pública del sector, la ley esclarece la potestad del Estado y la responsabilidad de los guardabosques.