La mayoría de las opiniones argumentaron que el tiempo de vigencia de dicha legislación es muy corto, de solo tres años, y así no es suficiente para evaluar su eficiencia.

También afirmaron que las dificultades durante su implementación se deben a que algunos órganos competentes todavía no la aplican estrictamente y propusieron enmendar algunos de sus contenidos.

Además, los parlamentarios pidieron aclarar los artículos destinados a los apoyos de interés de las instituciones financieras, los costos de administración, el capital inicial y los fondos a favor de las personas beneficiadas por las políticas preferenciales.