A finales de enero de 2026, el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez, aprobó un decreto que permite conceder permisos de residencia y trabajo a migrantes sin documentación que residen en España. La medida se aplica a quienes hayan llegado al país antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia, o bien hayan presentado una solicitud de asilo antes de finales de 2025, siempre que carezcan de antecedentes penales.

Según el Gobierno español, esta política contribuirá a paliar la escasez de mano de obra, aumentar la recaudación fiscal y estimular el crecimiento económico.

No obstante, varios funcionarios de la CE advirtieron que una regularización masiva podría enviar una señal que incentive la inmigración irregular hacia Europa, en contradicción con los esfuerzos actuales de la Unión Europea (UE) por frenar los flujos migratorios ilegales.

Asimismo, manifestaron su preocupación por el hecho de que, una vez regularizados en España, estos migrantes adquieran el derecho a circular libremente por el espacio Schengen y puedan intentar establecerse de manera irregular en otros Estados miembros de la Unión Europea.