En 2026, la economía vietnamita siguió afrontando numerosas dificultades y desafíos derivados de la coyuntura internacional, las presiones inflacionistas, el encarecimiento de los insumos y las dificultades de las empresas para acceder a financiación y terrenos. No obstante, según el informe del Gobierno, el país logró importantes resultados socioeconómicos y prevé cumplir o superar 14 de los 15 principales objetivos establecidos.
Para 2027, el Gobierno se ha fijado una meta de crecimiento del 10 % o superior y ha identificado la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como los principales motores del nuevo modelo de desarrollo.
Cambiar la forma de generar crecimiento
Mantener el dinamismo económico a largo plazo exige no solo ampliar la inversión, explotar los recursos naturales e intensificar el uso del factor trabajo, sino también mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de cada recurso y su capacidad para generar valor añadido.
Al evaluar que el marco institucional debe convertirse en un verdadero motor del desarrollo, el diputado La Thanh Tan, de la delegación de la Asamblea Nacional de la ciudad portuaria de Hai Phong, señaló: “Una economía puede tener un gran potencial, disponer de recursos, contar con empresas y albergar aspiraciones de progreso. Sin embargo, que ese potencial llegue a traducirse en crecimiento y que los recursos puedan movilizarse depende, en gran medida, de la calidad del marco institucional. Por ello, considero que la labor de perfeccionamiento institucional prevista para 2027 debe abordarse como parte de un esfuerzo integral por perfeccionar la estructura del sistema jurídico vietnamita. Esta es una oportunidad para introducir un cambio fundamental en la calidad del marco institucional”.
El diputado propuso evaluar las medidas para eliminar los obstáculos institucionales por su eficacia a la hora de resolver problemas concretos, y no por el número de normas aprobadas. Asimismo, señaló que las modificaciones deben abordarse de forma coordinada en el conjunto del ordenamiento jurídico, dando prioridad a los ámbitos con mayor incidencia en la movilización de recursos y el crecimiento. Para cada grupo de problemas, es necesario identificar las disposiciones afectadas, sus deficiencias, las causas, las soluciones, los organismos responsables y los plazos de ejecución.
En relación con la calidad de las normas, el diputado Le Hoang Anh, de la delegación de la Asamblea Nacional de la provincia central de Gia Lai, destacó: “Es preciso garantizar unas condiciones de partida adecuadas, así como la estabilidad y la previsibilidad del marco jurídico. En consonancia con el espíritu de las Resoluciones 66-NQ/TW y 68-NQ/TW del Buró Político, las políticas deben evaluarse atendiendo a sus efectos reales, contar con un calendario de transición y no tener efectos retroactivos perjudiciales para las empresas. Las leyes marco permiten una gestión flexible, pero los derechos básicos de las empresas deben quedar claramente recogidos en la propia ley. Las empresas solo pueden sentirse seguras cuando sus derechos están reconocidos por ley y no dependen de directrices que pueden cambiar con frecuencia. Las leyes aprobadas con rapidez pueden contribuir a eliminar obstáculos, pero solo una legislación estable permite conservar el capital invertido”.
Estas intervenciones ponen de relieve que la reforma institucional no debe limitarse a resolver las dificultades inmediatas, sino que también debe crear un entorno jurídico estable, transparente y previsible. Se trata de una condición esencial para que las empresas puedan invertir a largo plazo, renovar sus tecnologías y ampliar su capacidad productiva.
Crecimiento efectivo
La meta de alcanzar un crecimiento de dos dígitos en 2027 no se reduce a una cifra del PIB. También exige sentar las bases de nuevas capacidades productivas, elevar la productividad laboral, desarrollar empresas competitivas y reforzar la autonomía de la economía.
Las cuestiones planteadas durante el debate parlamentario de la tarde del 30 de octubre ponen de manifiesto la necesidad de coordinar estrechamente la política fiscal, la inversión pública, la reforma institucional y la renovación del modelo de crecimiento. Los recursos disponibles no bastan por sí solos para impulsar el desarrollo: si se dispersan, quedan bloqueados o se utilizan de manera ineficiente, no podrán generar el impulso que requiere la economía.
En este contexto, el diputado Nguyen Manh Hung, de la delegación de la Asamblea Nacional de la ciudad de Can Tho, subrayó la importancia de ampliar las fuentes de financiación a medio y largo plazo.
“Para alcanzar el objetivo de crecer a tasas de dos dígitos durante todo el período 2026-2030, necesitamos más financiación a medio y largo plazo para la economía. En primer lugar, debemos aprovechar mejor la financiación que pueden aportar los bonos corporativos y desarrollar un mercado de bonos transparente que atraiga a un mayor número de empresas. En segundo lugar, debemos encontrar la manera de canalizar el ahorro de la población hacia la inversión. Y, en tercer lugar, debemos prestar atención a los fondos de inversión, especialmente a los fondos de capital riesgo, para facilitar a las empresas la financiación necesaria para sus actividades productivas y empresariales”, manifestó.
El desarrollo de una economía no se mide únicamente por el volumen de capital movilizado, el número de proyectos ejecutados o la expansión de la capacidad productiva, sino también por su capacidad para transformar esos recursos en productos, tecnología, valor añadido y competitividad efectiva.
Este es el reto que deberán afrontar la formulación y la aplicación de las políticas económicas en los próximos años: movilizar todos los recursos disponibles, asignarlos a las prioridades adecuadas y aprovecharlos con la máxima eficiencia para dar un nuevo impulso a la economía vietnamita.
