(VOVworld) - Ante el peligro de que Egipto se hunda en una crisis de mayor magnitud, su presidente,  Mohamed Mursi reafirmó el 29 del corriente mes que la Declaración constitucional promulgada por él la semana anterior que le otorga plenos poderes quedará sin efecto una vez que se adopte una nueva Carta magna. Este anuncio se considera una concesión ante la enérgica reacción contraria al cuestionado decreto ejecutivo. Sin embargo, aun puede resultar  insuficiente cuando las contradicciones en el escenario político del país se mantienen sin señal de aplacamiento. 

  Aumentan en Egipto las protestas contra el presidente Mohamed Mursi

  Todo comenzó el 22 de noviembre cuando el presidente Mohamed Mursi dio a conocer la Declaración constitucional en la cual se estipula que los órganos jurídicos no tienen derecho a vetar, derogar o modificar cualquier ley, decreto o pronunciamiento del jefe de Estado desde  el 30 de junio pasado, fecha de instalación del actual mandatario hasta que se apruebe una nueva Constitución y se renueve el Parlamento. Tal decisión limitó considerablemente las atribuciones del poder judicial que lo consideró una intervención en sus funciones por parte del ejecutivo. Tras su publicación oficial, Mursi destituyó al procurador general Abdel Meguid Mahmud, lo que no pudo hacer antes, y designó a otro en su lugar.  Además, el gobernante egipcio promulgó la “Ley de defensa de la Revolución del 25 de enero de 20ll”, según la cual se reanudarán las  investigaciones y juicios contra acusados de participar en asesinatos de manifestantes durante el levantamiento popular para derrocar el régimen del presidente Mubrak.

   Sectores políticos interpretaron las medidas de Mursi como intento de asumir poderes absolutos. En tanto, la Asociación de jueces juzgó la Declaración presidencial como “golpe de estado constitucional” contra  principios de derecho y la independencia de la justicia. El ex director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Mohamed El Baradei advirtió que la posición ejecutiva puede acarrear trágicas consecuencias. El sector judicial y sindicatos de prensa llamaron a huelgas en todo el país en protesta, en un curso que se asemeja al que se siguió para el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak. De acuerdo con el gremio de Jueces, la huelga se cumplió en el 99 por ciento de tribunales y órganos judiciales.

La ola de manifestación se acrecentó con la demanda de la renuncia del gobierno. Los manifestantes concentrados en la plaza Tahir, en el centro de El Cairo, determinaron permanecer allí hasta que el mandatario anule la Declaración constitucional. En el campo económico, el mercado de valores egipcio sufrió graves pérdidas: unos 4 mil 800 millones de dólares el 25 de noviembre, las mayores desde su recuperación tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak en febrero del año anterior.

 Ante la creciente inestabilidad, el 29 del corriente mes, el jefe de Estado Mohamed Mursi, reiteró que la Declaración constitucional perderá su vigencia después que Egipto tenga una Nueva Carta magna. En una intervención televisada el mismo día, explicó las causas de la promulgación de la Declaración constitucional, y llamó a la unificación nacional. Mientras tanto, el Consejo Constitucional de este país concluyó el 28 de noviembre las discusiones sobre el proyecto de Constitución. Su secretario general Amr Darrag informó que se sometería a votación el 29 de noviembre y se presentaría el borrador al presidente Mursi. Según Darrag, la única solución para la actual crisis en Egipto es  perfeccionar  la nueva Ley de leyes lo más pronto posible. En lo adelante, los egipcios deben esperar para contar con una administración sólida que se desempeñe  conforme con las estipulaciones de la  futura Constitución.