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Los ministros de Agricultura de los países de la Unión Europea (UE) acordaron el 8 de abril aplicar una serie de nuevas restricciones a las importaciones de productos agrícolas procedentes de Ucrania. Esta es la última medida que demuestra que la Comisión Europea está cediendo cada vez más a la presión de los agricultores en todo el continente.

La agricultura se convierte en una prioridad.

La decisión sobre los productos agrícolas importados de Ucrania es sólo una de muchas otras demandas que los agricultores han pedido a la Comisión Europea (CE) con el fin de proteger los beneficios de la agricultura europea.

Con antelación, el 26 de marzo, los agricultores europeos obtuvieron su mayor "victoria" desde que comenzaran las protestas a principios de año, cuando la CE decidió suavizar las exigencias medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC), tales como: permitir a los países manejar con mayor flexibilidad la cuestión de la cobertura de terrenos y eximir a las pequeñas explotaciones (de menos de 10 hectáreas) de ciertos controles y sanciones.

En particular, la CE también ha pospuesto la aprobación de la Ley de Recuperación de la Naturaleza, en la que estipula que los países del bloque deben tener políticas para restaurar la naturaleza en al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas para 2030.

Según Anika Raisz, ministra de Agricultura de Hungría, país que toma la iniciativa en oponerse a la aplicación de esta legislación, lo más importante para Europa es perseguir sus ambiciones medioambientales: “La agricultura es un campo muy importante, no sólo en Hungría sino también en todos los demás países europeos. Por tanto, creo que es necesario darse cuenta de los objetivos que Europa quiere alcanzar en materia de protección del medio ambiente y prestar atención a todos los sectores y factores que nos ayudan a lograr estas metas”.

Además de los esfuerzos de apaciguamiento de la CE, los gobiernos de muchos países miembros también introdujeron varias modificaciones para cumplir con las peticiones de sus propios agricultores. En Francia, el Senado votó a finales de marzo en contra de la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Canadá (CETA) alegando que el convenio tenía condiciones desfavorables para los ganaderos franceses. Luego, el 1 de abril, París decidió suspender las regulaciones que exigían la reducción del uso de pesticidas en la agricultura. Desde finales de enero de este año, el gobierno galo también aumentó los subsidios financieros para los campesinos, aplicó incentivos fiscales y energéticos, así como incrementó los subsidios para los costos veterinarios.

Mientras, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez aprobó a principios de febrero la Ley de la Cadena Alimentaria, que acelerará el despliegue de un fondo de 4.000 millones de euros destinado a ayudar a los agricultores a partir de 2022 y promete desembolsar rápidamente 6.800 millones de euros en subvenciones de la PAC a los agricultores locales. También se implementan una serie de medidas similares de apoyo financiero en Italia, Portugal, Grecia, Bélgica y Polonia.

Elecciones al PE

Los agricultores representan sólo el 4,2 % de la fuerza laboral de la UE y el sector agrícola también contribuye con el 1,4 % del producto interno bruto (PIB) del bloque. Por lo tanto, en teoría, los agricultores no son una fuerza que pueda crear demasiada presión política para obligar a los gobiernos europeos a hacer concesiones. Sin embargo, según Simone Tagliapietra, experta de la Fundación de Investigación Bruegel con sede en Bruselas (Bélgica), la agricultura tiene una importante influencia tradicional en las sociedades europeas y siempre ha sido considerada parte de la identidad cultural del continente. Por lo tanto, los europeos siempre mantienen un gran apoyo a los agricultores. Las estadísticas de la encuestadora francesa Elabe mostraron que el 87 % de la población del país en enero apoyaba el movimiento de protesta de los agricultores. En Polonia, esta cifra oscila alrededor del 80 %. Este es un factor principal que preocupa a los gobiernos porque los partidos de extrema derecha y extremistas aprovecharán el descontento de los agricultores para atraer el apoyo público en las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar a principios de junio.

Esta preocupación es completamente fundada. Según un informe publicado en marzo por el Comité Europeo de las Regiones (CDR), las zonas rurales de los países de la UE tienden a apoyar a los partidos populistas de extrema derecha mucho más que en otras áreas. Para resolver este problema, David Clarinval, ministro de Agricultura de Bélgica, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, afirmó que es necesario construir un nuevo modelo de desarrollo para que la agricultura europea sea más sostenible frente a los nuevos desafíos: “Es necesario continuar monitoreando de cerca los problemas en una serie de áreas especializadas, tales como los altos precios de los insumos, clima extremo y bajos ingresos de los agricultores. También es importante implementar medidas a corto y largo plazos para promover un modelo de producción sostenible, permitiendo así que el sistema agrícola europeo resista mejor las crisis”.

Los observadores dicen que a largo plazo el mayor desafío para la UE es encontrar un equilibrio entre las ambiciones ambientales, consideradas la principal prioridad de la CE en el último mandato, y los intereses fundamentales de los agricultores del bloque. De hecho, las concesiones de la CE y de los gobiernos europeos han sido criticadas por organizaciones ecologistas, que consideran un retroceso de Europa en la lucha contra el cambio climático. El problema difícil para la agrupación regional en el futuro será cómo implementar la ley contra la deforestación (que prohíbe la importación de productos relacionados con la deforestación en otros países), que se espera que entre oficialmente en vigor a finales de este año, pero cuya posposición se está pidiendo por 20 de los 27 países integrantes del bloque.