La reforma institucional es identificada por Vietnam como un avance estratégico. Para concretar las principales políticas adoptadas por el Partido Comunista y el Gobierno, y especialmente, para hacer realidad el objetivo de lograr un crecimiento del PIB de dos dígitos se han implementado reformas a un ritmo sin precedentes, proceso considerado como una verdadera “revolución”.
Optando por una reforma sustancial
El pasado 29 de abril, el Gobierno vietnamita emitió 8 resoluciones para derogar, descentralizar y simplificar los procedimientos administrativos y las condiciones comerciales en áreas bajo la gestión estatal de 14 ministerios y organismos ministeriales.
En consecuencia, el Gobierno procedió a enmendar y complementar 163 documentos legales, incluidos 155 decretos, una cifra sin precedentes. Sobre esta base, se abolieron 184 procedimientos administrativos, se descentralizaron 134 y se simplificaron otros 349.
Además, el Gobierno decidió eliminar 890 condiciones comerciales, reduciendo el porcentaje de procedimientos administrativos gestionados directamente por el gobierno central al 27%. El objetivo es reducir en más del 50% el tiempo y el costo de cumplimiento de formalidades administrativas, a favor de los ciudadanos y las empresas.
Estas cifras reflejan la magnitud, y también una transformación fundamental y sistemática, en lugar de los ajustes fragmentarios del pasado.
Tres días después de la promulgación de esas resoluciones, el 2 de mayo, la Oficina del Gobierno continuó transmitiendo la directiva del primer ministro Le Minh Hung, pidiendo a los ministerios revisar y proponer urgentemente reducciones de trámites en cuatro áreas: prevención y extinción de incendios; establecimiento y funcionamiento de parques y complejos industriales; evaluación de impacto ambiental; y permisos de construcción. El plazo para la presentación de informes se fijó para antes del 10 de mayo, y estos deben enviarse al Ministerio de Justicia para su evaluación independiente.
Mientras que las gestiones del 29 de abril se centran principalmente en eliminar procedimientos obsoletos, la directiva del 2 de mayo muestra la determinación de eliminar obstáculos específicos. Esto se debe a que las cuatro áreas mencionadas son donde las empresas reportan mayores dificultades con respecto a los trámites administrativos (según el Informe del Índice de Competitividad Provincial 2024).
Al respecto, el viceministro de Justicia, Nguyen Thanh Tinh, declaró: “Esta es una reforma de gran alcance. En menos de un mes desde que el nuevo gobierno asumió el poder, hemos logrado el objetivo de reducir y simplificar los trámites administrativos y los sectores empresariales sujetos a condiciones, de acuerdo con las directrices ejecutivas”.
Impactos directos
Las reformas administrativas implementadas no sólo tienen importancia institucional, sino que también ejercen impactos directos en la ciudadanía, las empresas y la economía en su conjunto.
Para las empresas, la simplificación de trámites y condiciones comerciales se traduce en un ahorro significativo de recursos. Unos procesos más rápidos y claros también les permiten agilizar la toma de decisiones y mejorar su competitividad.
“La simplificación de los trámites administrativos ayuda a disminuir los riesgos, los obstáculos burocráticos, los costes y la informalidad. Y cuando las condiciones comerciales son transparentes y se simplifican, se reduce la dependencia de las aprobaciones subjetivas”, valoró un empresario.
“Los procedimientos simplificados permiten a las empresas reducir costes y acelerar el desarrollo de productos y la expansión de sus canales de distribución. El mensaje es claro: el gobierno apoya a las empresas, con gestiones rápidas y decisivas a favor de su desarrollo”, expresó otro.
Para los ciudadanos, la reducción de la burocracia y el contacto directo con las agencias administrativas contribuirán a limitar el riesgo de corrupción y a mejorar la calidad de los servicios públicos.
En cuanto a la economía, la mayor importancia radica en la agilización del flujo de recursos. Al eliminarse las barreras institucionales, el capital, las ideas y la capacidad productiva pueden operar con mayor rapidez y eficiencia. Esta es una condición necesaria para alcanzar los ambiciosos objetivos de crecimiento en el próximo periodo.
Más importante aún, estas decisiones contribuyen a reconstruir la confianza del empresariado y de la ciudadanía en la eficacia del aparato administrativo.
De esta manera, la reforma institucional no es solo una solución a corto plazo, sino un camino inevitable para hacer realidad la aspiración al desarrollo en la nueva era.
