Libertad de expresión en Internet bajo el marco de las leyes nacionales

(VOVworld) – Quedan pocos días para la entrada en vigor de la decisión 72 del Gobierno vietnamita sobre la administración, el suministro y el uso de los servicios y las informaciones en Internet. La elaboración y la promulgación del decreto demuestran los esfuerzos de autoridades vietnamitas dirigidos a perfeccionar el marco jurídico en bien del desarrollo del ciberespacio. Clarifican también lo incorrecto de las críticas de algunas organizaciones e individuos que consideran dicha orientación como “un ataque atroz contra la libertad de información en Vietnam”.

La decisión 72 estará vigente desde el primero de septiembre de 2013 y detallará las normativas sobre los servicios y recursos de Internet; el control, el suministro y el uso de las informaciones; así como el establecimiento de las páginas electrónicas y redes sociales. Además de crear el marco jurídico para el desarrollo de nuevas plataformas informáticas, el documento tiene como objetivo garantizar la seguridad de las informaciones en Internet. No impide la libertad de expresión de los cibernautas como han argumentado algunas organizaciones e individuos, sino que controla el empleo de servicios de Internet acorde a los estándares morales y culturales, así como la seguridad y la cultura nacional, y en base a las leyes internacionales.

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Controlar los servicios y recursos informáticos en las redes sociales
constituyen tareas indispensables para garantizar el 
desarrollo sostenible en cada Estado

En la era de Internet y el boom de la información global, se exige el respeto a la libertad de expresión, y a la vez la responsabilidad de los gobiernos ante los efectos negativos en el ambiente de la red informática, en favor de la estabilidad y el desarrollo del país. Conformes a sus propias condiciones, todos los Estados adoptan políticas sobre la libertad de expresión bajo su marco jurídico para impedir las violaciones de los intereses legales de la comunidad y otros derechos básicos, como lo estipulado por la ONU en la Declaración Universal de los derechos humanos: “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. La realidad evidencia que las leyes de numerosos países reconocen la libertad de información, prensa y expresión, pero estos derechos no deben superar los límites morales y culturales. El Código Penal de Estados Unidos prohíbe todas las formas de publicación, edición, difusión, comercialización o distribución de documentos que contienen explicaciones sobre la “certeza”, “responsabilidad” y “legitimidad” de un golpe de Estado a cualquier nivel, mientras la Constitución norteamericana autoriza el procesamiento jurídico contra el abuso de estos derechos. La Autoridad de Desarrollo de los Medios de Singapur puso en vigencia un reglamento que obliga el retiro antes de 24 horas de las páginas electrónicas públicas de “informaciones destructoras de la armonía entre nacionalidades y religiones”. La Carta Magna de Kirguistán legaliza “la restricción de libertades personales” en caso de necesidad de defender los derechos y las libertades de otros individuos o para mantener la seguridad, el orden social y la integridad territorial. En sintonía, las leyes de Senegal reconocen la legitimidad y necesidad de regulaciones de esos derechos básicos.

Internet constituye una parte inseparable en la vida social. Sin duda, los cibernautas tienen conciencia sobre los peligros y riesgos, junto a las grandes utilidades, especialmente cuando no existe un efectivo control de informaciones dañinas. Evidentemente, el uso de la red informática debe cumplir con las leyes de cada país. La decisión 72 del Gobierno es para defender los intereses de sus ciudadanos, y constituye un instrumento indispensable en bien del desarrollo de Internet, que Vietnam, y otros Estados, han realizado y realizan en la época de globalización informativa.

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