La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció que estos gravámenes sustituirán el arancel temporal del 10 % impuesto previamente por el presidente Donald Trump. Desde el 24 de julio, los principales socios comerciales de Washington enfrentan aranceles de entre el 10 % y el 12,5 %.
Otra medida unilateral
La USTR justificó dicha decisión invocando la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, al considerar que las 60 economías afectadas no aplican de forma eficaz la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso. En la práctica, esta medida se ha convertido en uno de los principales instrumentos comerciales de Trump desde que la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó, el 20 de febrero, los aranceles recíprocos de alcance global introducidos por su Administración el año anterior.
Según el anuncio de la USTR, los nuevos aranceles gravan con un 10 % las importaciones procedentes de países como Argentina, Bangladés, Reino Unido, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia y México. En el caso de la Unión Europea (UE), Taiwán (China), Japón, Corea del Sur y Suiza, el arancel total, incluido el de Nación Más Favorecida (NMF), será del 10 % o del 12,5 %, aplicada para cada economía. Otras 38 economías, entre ellas China, Filipinas y Tailandia, estarán sujetas a un gravamen del 12,5 %.
Aunque el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, aseguró que los nuevos gravámenes respetarán los límites acordados en los tratados comerciales vigentes, los analistas advierten de que la medida podría aumentar las tensiones con socios que representan el 99,4 % de las importaciones estadounidenses e incluso poner en riesgo acuerdos ya alcanzados.
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó: “Hemos cumplido nuestros compromisos comerciales con Estados Unidos. Para nuestras empresas, la estabilidad y la previsibilidad son fundamentales; por ello, conocer el escenario futuro siempre es mejor que operar en la incertidumbre”.
Uno de los aspectos que mayor descontento ha generado entre los países afectados por los nuevos aranceles es la acusación de Estados Unidos de que recurren al “trabajo forzoso”. El ministro australiano de Comercio, Don Farrell, calificó la decisión de “infundada” al señalar: “Quiero expresar mi profunda decepción por la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de elevar los aranceles sobre ciertos productos australianos. Consideramos que esta medida carece de fundamento. Australia está entre los países más comprometidos del mundo en la lucha contra la esclavitud moderna y mantendrá firme ese compromiso”.
Viejas políticas con nuevos argumentos
Diversos analistas consideran que la Casa Blanca utiliza la Sección 301 como herramienta de presión comercial bajo el argumento del trabajo forzoso. Instituciones como la Iniciativa de Investigación sobre Comercio Global (GTRI) y el Instituto de Políticas Progresistas (PPI) sostienen que el informe de la USTR no presenta pruebas específicas sobre violaciones en cada país afectado, por lo que la medida responde más a objetivos de protección económica que a preocupaciones genuinas por los derechos humanos.
Alertan además de que los cambios unilaterales en la política comercial estadounidense incrementan la incertidumbre para los acuerdos bilaterales y las cadenas globales de suministro, debilitando la confianza en los compromisos comerciales de Washington. Al igual que en anteriores rondas arancelarias, los nuevos gravámenes tampoco beneficiarían a la mayoría de las empresas y consumidores estadounidenses. Glenn Stevens Jr., de la Cámara Regional de Comercio de Detroit, en el estado de Michigan, señaló: “En los contactos y encuentros con las empresas locales, percibo que necesitan estabilidad para planificar sus cadenas de suministro y sus inversiones. La incertidumbre comercial, especialmente con Canadá, dificulta esa planificación”.
Según estimaciones de la Reserva Federal de Nueva York y del PPI, más del 90 % del coste adicional derivado de los aranceles recaerá sobre los consumidores y los importadores estadounidenses, con un impacto cercano a 100.000 millones de dólares anuales, lo que podría intensificar las presiones inflacionarias.
Consciente de ese riesgo, la Casa Blanca excluyó de los nuevos gravámenes productos como los fertilizantes, determinados combustibles, algunos alimentos, los automóviles, ciertos metales y los productos farmacéuticos, con el fin de limitar su impacto sobre los precios internos.
