También subrayaron que el perfeccionamiento de la política de tierras debe partir de los problemas y obstáculos que plantea la realidad.
Uno de los asuntos que concentró más propuestas fue la política de recuperación de tierras, indemnización y reasentamiento.
El diputado Nguyen Dai Thang, de la delegación parlamentaria para la provincia norteña de Hung Yen, afirmó: “Es necesario estudiar y precisar el orden de prioridad y las condiciones de aplicación de las distintas modalidades de indemnización, dando prioridad a la asignación de tierras con la misma finalidad de uso o de viviendas y terrenos residenciales para el reasentamiento. Asimismo, deben establecerse criterios concretos para evaluar el grado de garantía en cuanto a la ubicación, la superficie, las infraestructuras técnicas y sociales, el acceso a los servicios esenciales y las condiciones necesarias para mantener los medios de subsistencia de las personas cuyos terrenos hayan sido recuperados. En el caso de quienes se dedican directamente a la producción agrícola, las políticas de indemnización y apoyo deben estar vinculadas a la posibilidad de continuar con la producción o de emprender una transición sostenible hacia otros medios de subsistencia”.
Nguyen Van Manh, de la delegación parlamentaria para la provincia norteña de Phu Tho, propuso estudiar un mecanismo específico para los terrenos de reasentamiento financiados con recursos del presupuesto estatal y destinados directamente a proyectos de inversión pública.
El diputado manifestó: “El precio de los terrenos de reasentamiento, utilizado para calcular el importe que debe abonarse por su uso, debería determinarse sobre la base del coste real de inversión del proyecto de reasentamiento. El precio medio de los terrenos de reasentamiento se calcularía dividiendo el valor de liquidación final aprobado del proyecto de la zona de reasentamiento entre la superficie total de los terrenos residenciales asignados en dicha zona. De este modo, se reduciría la carga financiera sobre la población y se garantizaría la transparencia. Además, la medida permitiría reducir los casos en que los ciudadanos deban asumir íntegramente el incremento de valor derivado de la ubicación y las infraestructuras de la zona de reasentamiento, y contribuiría a acelerar la ejecución de los proyectos de inversión pública”.
El proyecto de la Ley de Tierras (modificada), presentado por el Gobierno, contempla siete grupos de políticas. Entre ellos destacan el régimen financiero de la tierra y la determinación de los precios del suelo. El Estado fijará los precios de la tierra sobre la base de su finalidad y plazo de uso, la información de entrada y las disposiciones legales pertinentes.
Asimismo, los datos sobre tierras se conectarán y compartirán con los datos de otros sectores y ámbitos. Se espera que dicha legislación contribuya a controlar el mercado, limitar la manipulación de los precios del suelo y evitar la formación de precios ficticios.
