La destitución se produjo tras declararse la incapacidad moral permanente de la presidenta, una causal prevista en el artículo 113.2 de la Constitución peruana. Pese a haber sido citada para ejercer su defensa, la mandataria no acudió a la sesión, lo que precipitó la votación.

Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2022, Boluarte ha afrontado duras críticas por su falta de eficacia ante el aumento de la criminalidad y por las continuas protestas que han marcado su mandato.