El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció las sanciones, declarando que el presidente Donald Trump "jamás permitirá que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses".
Las nuevas medidas congelarán todos los activos de la CPI bajo jurisdicción estadounidense y otorgarán a particulares y empresas estadounidenses un plazo de seis meses para cesar sus transacciones con la Corte.
Por su parte, la CPI protestó enérgicamente contra las sanciones estadounidenses. La CPI afirmó que esta medida constituye "un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, socavando el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley".
Mientras tanto, en una rueda de prensa de las Naciones Unidas, el portavoz Stéphane Dujarric transmitió una declaración en la que expresaba la profunda preocupación del secretario general, Antonio Guterres, por el impacto negativo de las sanciones en la capacidad de la Corte Penal Internacional para desempeñar sus funciones.
El portavoz de la ONU enfatizó: "La decisión de hoy supone un duro golpe a nuestros esfuerzos colectivos en favor de la justicia penal internacional, de la cual la CPI es un pilar clave. La rendición de cuentas por los crímenes internacionales y la justicia para las víctimas son fundamentales para nuestro compromiso global con la paz, la seguridad, los derechos humanos y las libertades fundamentales."
Los ministros de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón y los Países Bajos, emitieron una declaración conjunta expresando su descontento y su fuerte oposición a que Estados Unidos imponga sanciones contra la CPI.
Afirmaron que mantendrán una postura unida para apoyar y cooperar con la CPI.
