La medida establece que cualquier acción militar contra Irán deberá contar con la aprobación formal del Congreso o con una declaración de guerra, salvo en los supuestos de legítima defensa previstos por la Constitución estadounidense.
Los demócratas defendieron la iniciativa como una reafirmación del papel constitucional del Congreso en las decisiones relativas a la guerra y la paz, ante la preocupación de que la Casa Blanca pueda ampliar sus operaciones militares sin el debido control legislativo.
Por su parte, algunos congresistas republicanos expresaron cautela y reclamaron al Gobierno una definición más clara de su estrategia y de sus objetivos militares antes de avanzar hacia una eventual escalada del conflicto.
Para entrar en vigor, la resolución deberá ser aprobada también por el Senado y posteriormente promulgada por el Presidente.
