Durante un mes, a partir del 31 de julio, el Gobierno italiano suspendió temporalmente la aplicación del espacio Schengen en sus relaciones con España y cerró las conexiones marítimas y aéreas entre ambos países, alegando riesgos para la seguridad derivados de la crisis migratoria en Ceuta.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió la decisión como necesaria para proteger la seguridad nacional y aseguró que se adoptarán medidas para reducir al mínimo su impacto sobre la temporada turística de verano. Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, la República Checa y Suecia expresaron su respaldo a la postura de Italia.
Sin embargo, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, informó la víspera de que la mayoría de los migrantes llegados desde Marruecos ya había regresado y de que la situación estaba prácticamente normalizada.
Con anterioridad, el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, señaló que unas 60.000 personas habían entrado en el enclave desde Marruecos en apenas unos días, aunque más de 48.000 ya habían regresado antes de la noche del pasado 31 de julio.
Muchos migrantes accedieron a Ceuta bordeando a nado el extremo de la valla fronteriza que se adentra en el mar Mediterráneo. Al menos 67 personas perdieron la vida durante esta ola migratoria.
Tras los incidentes, el Ministerio del Interior de España inició la instalación de una barrera de 500 metros junto al espigón fronterizo.
Las causas del repentino aumento del flujo migratorio aún no han sido esclarecidas, mientras que las autoridades marroquíes no han emitido hasta el momento ninguna declaración oficial sobre lo ocurrido.
