Los diputados defendieron la simplificación de los trámites administrativos y el impulso al mercado de valores, junto con la innovación y la transformación digital, para reforzar la transparencia y proteger a los inversores.
Tran Anh Tuan, diputado por Hanói, afirmó: “La legislación vigente exige a los bancos depositarios cumplir con los coeficientes mínimos de solvencia de capital, haber obtenido beneficios en el último ejercicio y disponer de instalaciones y equipamiento adecuados para prestar servicios de custodia. El proyecto de ley elimina estos tres requisitos. Estoy de acuerdo con esta medida, ya que permite reducir las exigencias para la concesión de licencias y simplificar los procedimientos administrativos”.
Los parlamentarios también señalaron la necesidad de revisar los requisitos aplicables a los representantes legales y directivos, así como las políticas retributivas, para facilitar la captación de capital sin comprometer la seguridad del sistema financiero.
To Ai Vang, diputada por Can Tho, en el sur del país, propuso: “El presidente del Consejo de Administración debe centrarse exclusivamente en orientar y coordinar los flujos de capital y captar socios, sin intervenir directamente en las operaciones del mercado ni ejecutar órdenes técnicas. Cuando los grandes grupos internacionales de gestión de fondos invierten en Vietnam, suelen designar como presidentes de sus consejos de administración a directivos de alcance global, encargados de definir la estrategia y ampliar sus redes de clientes internacionales. Si mantenemos la disposición que exige al presidente del Consejo de Administración disponer de una licencia profesional especializada, crearemos un importante obstáculo administrativo que reducirá el atractivo de Vietnam para los inversores extranjeros. Por ello, propongo que esta exigencia se aplique únicamente al director general o director y a los subdirectores generales responsables de las actividades profesionales directas”.
Por último, los diputados propusieron incorporar a la ley una disposición que establezca expresamente la obligación del Estado de adoptar medidas para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores.
