Las tres reformas buscan perfeccionar el marco jurídico, eliminar obstáculos en la gestión del suelo, simplificar los procedimientos administrativos y aumentar la transparencia del mercado inmobiliario. Entre las principales cuestiones debatidas figuran la valoración de los terrenos conforme a los precios de mercado, las indemnizaciones por expropiación y las garantías para que las personas afectadas puedan recuperar sus medios de vida.
En particular, la reforma de la Ley de Tierras pretende reforzar la transparencia de los mecanismos de valoración del suelo. Para ello, contempla revisar los cuadros de precios, los coeficientes de ajuste y las políticas fiscales relacionadas con la tierra, para garantizar la equidad y conciliar los intereses del Estado, los usuarios del suelo y los inversores.
