La declaración subraya que cualquier desplazamiento forzoso de la población de Gaza constituiría “una grave violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y atentaría directamente contra los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino”. Los ministros de Relaciones Exteriores advirtieron de que una medida de este tipo tendría graves consecuencias y obstaculizaría los esfuerzos destinados a alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Medio.
Asimismo, subrayaron que la Franja de Gaza es parte inseparable del territorio palestino y destacaron la necesidad de preservar la unidad territorial palestina, incluidos Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Este.
Los ministros reafirmaron que la solución de dos Estados es la única vía para alcanzar una paz justa y duradera. Al mismo tiempo, instaron a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a cumplir con sus responsabilidades para impedir cualquier intento de imponer una nueva realidad geográfica o demográfica en los territorios palestinos ocupados y garantizar el respeto del derecho internacional.
La Unión Europea (UE) y el movimiento islamista Hamás también rechazaron, el 4 de septiembre, la propuesta de varios ministros israelíes de trasladar a la población palestina de la Franja de Gaza a otros países.
Según el derecho internacional, el desplazamiento forzoso de civiles está prohibido y puede constituir un crimen de guerra.
