(VOVworld) – La ejecución de dos rehenes condujeron a Japón a opciones difíciles. Renunciar a la lucha contra el Estado Islámico para tratar de garantizar la seguridad de sus vidas o reafirmar la disposición de aniquilar el terrorismo es un gran reto político para el Gobierno de Shinzo Abe. Es seguro que no habrá cambios relevantes en la política de seguridad de Japón en lo adelante que mantiene sus compromisos en la lucha antiterrorista.

Japón ha sido un país seguro desde el fin de la Segunda Guerra Mundial pero debe experimentar en el presente sacudidas con dos ciudadanos ejecutados por los yihadistas en Siria. Luego de este asunto, sugirieron inquietudes por la seguridad de los ciudadanos nipones dentro y fuera del país en los tiempos venideros y el apoyo público a la política exterior, en especial para una enmienda a la Constitución Nacional que autorice a las Fuerzas de Autodefensa de Japón a jugar un papel más pro activo en el extranjero.

Determinación de enfrentamiento al terrorismo

Al mirar atrás, no es por primera vez que Japón enfrenta una crisis semejante. En 1992, el Parlamento nipón aprobó una resolución que permitía el envío de tropas y fuerzas relacionadas a participar en las misiones de la ONU de mantenimiento de la paz. Apenas un año después se reportó un policía japonés asesinado en Camboya. En 2004, un rehén nipón falleció en Iraq como represalia por el despliegue por Tokio de cientos de soldados allí, para presionar la retirada de esas tropas. Sin embargo, la misión permaneció hasta 2006.

Luego de una década, el primer ministro Shinzo Abe asumió el poder en 2012 y continuó promoviendo una posición más activa de Tokio en la área internacional. Durante los últimos dos años, el jefe del Gobierno nipón ha realizado más periplos al extranjero que sus predecesores, encontrándose con decenas de homólogos de países latinoamericanos, africanos, europeos y del Sudeste Asiático. Su último viaje lo hizo en Oriente Medio donde se comprometió entregar 200 millones de dólares de asistencia humanitaria para los estados participantes en la lucha contra el Estado Islámico. Este hecho fue aprovechado por políticos de oposición japoneses para criticar el Gobierno de Shinzo Abe argumentando que este paquete de auxilios financieros desencadenó la tragedia de dos ciudadanos nipones y hunde a Tokio en una crisis de rehenes jamás visto en la historia.

Pese a las acusaciones, Abe insistió en el enfrentamiento al terrorismo. En una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional después del asesinato del segundo rehén, afirmó que Japón no cede ante el terrorismo y en algunos casos, adelanta ajustes conforme a la política exterior y a los beneficios del país.

Determinación de una nueva estrategia de seguridad

La ejecución de dos ciudadanos nipones por el Estado Islámico no debilita el criterio de Tokio y al revés, consolida la determinación del primer ministro Shinzo Abe y el órgano legislativo en modificar la constitución para autorizar al ejército rescatar a rehenes en el extranjero. El gobierno de Japón promueve la redacción de una propuesta encaminada a acelerar el despliegue de tropas en el exterior. De esta manera, si se aprueba esta resolución en el primer trimestre de 2015, se permitirá la participación de las fuerzas armadas niponas en el apoyo a sus aliados en ultramar, considerándolo como defensa colectiva. El Partido Demócrata de Shinzo Abe posee la mayoría de los asientos parlamentarios por lo que existen muchas posibilidades de que el jefe del gobierno japonés cumpla sus objetivos.

En el actual escenario, surgen retos de seguridad en Japón y la región con cambios de equilibrio del poder que requiere de Tokio una política de seguridad más flexible. La crisis de rehenes demanda al país del sol naciente una nueva estrategia de seguridad más activa y práctica que influye incluso en otras áreas fuera de Asia Oriental. Para ello, quedan sendas por andar. El gobierno nipón deberá aumentar la eficiencia del control de la crisis mediante nuevas organizaciones y recursos como el Consejo de Seguridad Nacional. La reorganización de las fuerzas de defensa y seguridad para superar nuevos riesgos recién surgidos ha sido también una tarea priorizada. Mediante este hecho, el gobierno de Shinzo Abe recibe mayor respaldo de sus ciudadanos a la lucha antiterrorista.

La crisis de rehenes es una fuerza impulsora que intensifica la determinación del primer ministro japonés de materializar la estrategia “paz activa” en aras de convertir a Japón en uno de los países más influyentes del mundo.