En su intervención, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, señaló la necesidad de perfeccionar el marco normativo sobre los precios de la tierra, a fin de garantizar un mercado estable y transparente, así como armonizar los intereses de las partes involucradas.
“Es preciso incorporar el principio de equilibrio de intereses entre el Estado, los usuarios de la tierra y los inversores, así como establecer coeficientes de ajuste claros para los valores de referencia de las parcelas. Las tablas de precios de la tierra deben publicarse cada cinco años o, con mayor flexibilidad, mediante mecanismos de ajuste anunciados con antelación para los períodos en que se produzcan fluctuaciones significativas. Asimismo, es imprescindible verificar que los métodos de valoración y los datos utilizados sean independientes y transparentes. La aplicación de la tabla de precios, incluidos los coeficientes de indemnización, las tasas por uso de la tierra y los derechos de arrendamiento, debe estar claramente definida para evitar la manipulación de los precios. También es necesario crear una base de datos nacional interconectada sobre los precios de la tierra, que se actualice en tiempo real”, afirmó el dirigente.
Tran Thanh Man también destacó la necesidad de regular las diferencias en las rentas del suelo y controlar la especulación, tareas que corresponden a las autoridades locales. Asimismo, subrayó la importancia de establecer con mayor claridad los mecanismos para recuperar los beneficios adicionales derivados de la planificación y las infraestructuras financiadas por el Estado, a fin de evitar prácticas especulativas que distorsionen el mercado.
Por su parte, en relación con el proyecto de reforma de la Ley de Negocios Inmobiliarios, una de las principales preocupaciones de los diputados es cómo garantizar la protección de los compradores ante los posibles riesgos en las transacciones inmobiliarias.
Nguyen Thi Thu Dung, diputada por Hanói, propuso reforzar el control de la captación de capital desde las primeras etapas de las transacciones inmobiliarias.
“En cuanto a los bienes inmuebles en construcción contemplados en los artículos 18 y 20, los compradores suelen encontrarse en una posición desfavorable en términos de acceso a la información y tienen dificultades para supervisar el flujo de fondos. Las reservas de buena voluntad pueden convertirse en una vía de captación de capital cuando los proyectos aún no reúnen las condiciones legales para ello. Por tanto, es necesario exigir la divulgación pública de la situación jurídica de los proyectos, las garantías y el avance de las obras, así como definir claramente la entidad encargada de gestionar los fondos, las condiciones para su desembolso y el derecho de los compradores a supervisar el 5 % del valor del contrato que queda retenido”, puntualizó la legisladora.
