La declaración se produjo en un contexto en el que los primeros balances apuntan a graves daños en las infraestructuras de los estados del norte del país, donde reside cerca del 80 % de la población.
Para garantizar los recursos necesarios para este amplio plan de reconstrucción, el Ejecutivo activó un fondo de emergencia inicial de 200 millones de dólares con recursos procedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos fondos se destinarán a la construcción de viviendas sociales, la rehabilitación de infraestructuras esenciales y el despliegue de medidas de apoyo para restablecer los medios de vida de las personas afectadas.
Paralelamente, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de asistencia inmediata que contempla la apertura de centros de alojamiento temporal con atención médica, el suministro de bienes de primera necesidad y la prestación de asistencia psicológica a las familias separadas por la catástrofe, con el objetivo de que ningún damnificado quede desatendido mientras espera su nueva vivienda.
Según el último balance oficial, publicado el 6 de julio, el terremoto ha causado ya 3.535 fallecidos y 16.770 heridos, mientras que 6.462 personas han sido rescatadas.
En las labores de respuesta participan más de 4.300 efectivos internacionales de búsqueda y rescate, además de cerca de 30.000 militares y policías venezolanos.
