La medida autoriza a los funcionarios consulares a exigir a quienes soliciten visados de turismo o de negocios (B1/B2) un depósito de hasta 20.000 dólares como condición para la expedición del visado. El importe será determinado por el funcionario consular en función de las circunstancias de cada caso.
En comparación con el programa piloto, la nueva normativa eleva el depósito máximo de 15.000 a 20.000 dólares y elimina el mínimo de 5.000 dólares.
El Gobierno del presidente Donald Trump sostiene que esta medida contribuirá a reforzar el control migratorio y a reducir las infracciones relacionadas con los visados.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes consideran que la nueva regulación incrementará los costes de los viajes, dificultará los desplazamientos legales y limitará el acceso de los ciudadanos de los países afectados a Estados Unidos.
La medida forma parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Trump. Además de intensificar el control de la inmigración irregular, Washington ha adoptado nuevas disposiciones dirigidas también a los inmigrantes legales, entre ellas el aumento de las tasas de determinados visados y la ampliación de la revisión de las redes sociales de los solicitantes antes de decidir la concesión del permiso de entrada.
