Según las autoridades francesas, el dispositivo será un 20 % mayor que el anterior e incluirá unidades policiales de élite, unos 20 vehículos blindados y 15 camiones equipados con cañones de agua. El refuerzo llega tras las críticas a la capacidad de la policía para anticipar los acontecimientos y recabar información antes de los disturbios de la semana pasada.
Las autoridades también han endurecido las restricciones a las manifestaciones en varias ciudades. En París, los manifestantes solo podrán recorrer el itinerario delimitado entre las plazas de la Bastilla y de la Nación. En el centro de Lyon estarán prohibidas las concentraciones durante el fin de semana. En Marsella, las autoridades han autorizado de forma excepcional una marcha organizada por los sindicatos, después de haber decretado inicialmente su prohibición.
Las protestas comenzaron por el descontento con las condiciones en los centros educativos y posteriormente se extendieron hasta convertirse en un movimiento de oposición al Gobierno, en un contexto de encarecimiento del coste de la vida. El Ejecutivo francés trata de distinguir entre las reivindicaciones legítimas de los manifestantes y los actos de incendio, saqueo y vandalismo cometidos al margen de las marchas.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, informó que los tribunales han condenado a prisión a 217 personas por los actos violentos del 17 de octubre, de las cuales alrededor del 50 % carecía de antecedentes penales.
