Ese proyecto permitirá disminuir los salarios de los funcionarios públicos, combatir la corrupción, establecer la Ley Reglamentaria sobre Salarios Máximos, revocar la llamada reforma educativa en coordinación con el Secretario de Seguridad Pública, establecer el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles, quitar trabas a los mecanismos de participación ciudadana, y revertir decretos sobre la privatización del agua, entre otros puntos relevantes.

El programa será enviado al nuevo Congreso, cuyo mandato comenzará el próximo 1 de septiembre.