La tierra es un recurso fundamental para el desarrollo económico y está directamente vinculada al patrimonio, los medios de subsistencia y las condiciones de vida de cada ciudadano. Por lo tanto, la reforma de la Ley de Tierras no solo busca resolver los obstáculos en la gestión y el uso del suelo, sino también abordar de manera armoniosa la relación entre el desarrollo económico, la eficacia de la gestión estatal y la garantía de los derechos e intereses legítimos de los usuarios de la tierra. Estos aspectos fueron sometidos a debate en el segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam en su XVI Legislatura para completar la Ley de Tierras (enmendada).
La aplicación de la Ley de Tierras de 2024 demuestra que aún existen aspectos que requieren un perfeccionamiento continuo, desde los mecanismos de valoración del suelo, expropiación, indemnización, apoyo y reasentamiento hasta los trámites administrativos para la ejecución de proyectos de inversión.
La tierra mantiene una estrecha relación con múltiples esferas como la planificación, las inversiones, la construcción, la vivienda y el mercado inmobiliario. Por ello, la falta de coherencia entre las normas jurídicas o las trabas en su ejecución pueden retrasar la puesta en marcha de los proyectos, incrementar los costos empresariales y afectar directamente a los derechos e intereses de la población.
Sincronización de las políticas y garantía de los derechos ciudadanos
En este sentido, se requiere que la enmienda de la Ley de Tierras se asocie con la revisión y el perfeccionamiento de las normas jurídicas pertinentes, a fin de asegurar la coherencia entre los principios generales y los mecanismos de ejecución. Particularmente, se determina la fijación del precio de la tierra como un factor clave, por su impacto directo en las obligaciones financieras de los usuarios, los costos de inversión, los ingresos presupuestarios y los montos de compensación en los casos de expropiación por parte del Estado.
En la sesión de trabajo celebrada el 22 de octubre, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, enfatizó la necesidad de equilibrar los intereses del Estado, los usufructuarios de la tierra y los inversores, así como de perfeccionar el mecanismo de tasación catastral para garantizar la transparencia, mediante el uso de bases de datos y metodologías adecuadas. El líder detalló: “Es preciso incorporar el principio de equilibrio de intereses entre el Estado, los usuarios de la tierra y los inversores, así como establecer coeficientes de ajuste claros para los valores de referencia de las parcelas. Las tablas de precios de la tierra deben publicarse cada cinco años o, con mayor flexibilidad, mediante mecanismos de ajuste anunciados con antelación para los períodos en que se produzcan fluctuaciones significativas. Asimismo, es imprescindible verificar que los métodos de valoración y los datos utilizados sean independientes y transparentes. La aplicación de la tabla de precios, incluidos los coeficientes de indemnización, las tasas por uso de la tierra y los derechos de arrendamiento, debe estar claramente definida para evitar la manipulación de los precios. También es necesario crear una base de datos nacional interconectada sobre los precios de la tierra, que se actualice en tiempo real. El objetivo a largo plazo es reducir las cargas económicas para las empresas y los ciudadanos”.
Además de unificar las normas relativas a los precios de la tierra, la sincronización de las políticas implica garantizar que las regulaciones sobre adquisición de tierras, indemnización, apoyo y reasentamiento se implementen de manera coherente y transparente. Si la armonización de las políticas es una condición para la correcta aplicación de las leyes, la protección de los derechos de las personas debe ser un principio rector de todo el proceso. Desde esta perspectiva, la simplificación de los procedimientos, la descentralización, la delimitación clara de las competencias de las autoridades y el aumento de la transparencia en los procesos de gestión son requisitos importantes.
Al respecto, Nguyen Dinh Xuan, diputado por la provincia de Tay Ninh, explicó: “En primer lugar, es importante simplificar los trámites relacionados con la tierra. En segundo lugar, hay que descentralizar el poder y la autoridad. En tercer lugar, se debe garantizar la transparencia y, si es posible, reducir la excesiva división de la tierra en múltiples categorías, especialmente aquellas pertenecientes al mismo grupo, como tierras anuales, tierras de cultivo perenne y otras tierras agrícolas de valor equivalente, para facilitar una mejor gestión”.
Elevar la eficacia en la ejecución y consolidar la confianza
Incluso una política bien diseñada es difícil de implementar eficazmente sin directrices concretas, una coordinación adecuada entre las instituciones y una delimitación clara de las responsabilidades en todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, además de perfeccionar la ley, es necesario garantizar las condiciones para su implementación, reforzar las labores de inspección y supervisión, y resolver con prontitud cualquier dificultad que surja.
En particular, la publicación de información sobre la planificación, los precios de la tierra, las indemnizaciones y los planes de reasentamiento debe ir de la mano con un mecanismo para recibir y resolver las peticiones de la ciudadanía. Cuando las decisiones relacionadas con la tierra se explican con claridad, se implementan de manera coherente y están sujetas a la rendición de cuentas, se fortalece el consenso social.
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, declaró: “Las enmiendas a la Ley de Tierras deben elaborarse con rigor y cuidado. Debemos priorizar su finalización y aprobación en este periodo de sesiones parlamentarias, dado que se trata de una ley que afecta a todos los sectores de la economía y a la vida de la población”.
La reforma de la Ley de Tierras es, por tanto, fundamental para liberar recursos para el desarrollo y mejorar la eficacia de la gestión estatal. Sin embargo, para que estos recursos se conviertan realmente en un motor de desarrollo, las políticas deben implementarse de manera coordinada, transparente y equitativa, a fin de garantizar los derechos e intereses legítimos de la población.
La sincronización de las políticas es esencial para eliminar obstáculos, y la protección de los derechos de la población es la base para generar consenso social. La combinación de ambos principios contribuirá a un uso más eficiente de la tierra, armonizará los intereses del Estado, la población y las empresas, y fomentará un desarrollo socioeconómico sostenible.
