El presidente Donald Trump firma el proyecto de ley de financiación para poner fin al cierre del gobierno estadounidense, en la Casa Blanca, Washington D. C., el 12 de noviembre de 2025. (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque) |
La firma tuvo lugar en el Despacho Oval, donde Trump volvió a responsabilizar a los legisladores demócratas por la paralización administrativa.
Horas antes, el congreso estadounidense había aprobado el proyecto de ley que pone fin al cierre del Gobierno. El paquete asigna fondos a los Departamentos de Guerra, de Agricultura y de Asuntos de Veteranos, asi como al propio congreso hasta el otoño del próximo año, mientras que otras agencias contarán con financiación garantizada hasta finales de enero de 2026.
Con la reapertura, unos 670.000 empleados federales, que habían sido suspendidos sin salario, podrán retornar a sus puestos. Aquellos que continuaron trabajando durante el cierre recibirán el pago retroactivo correspondiente, incluidos más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad aeroportuaria. El acuerdo bipartidista también restablece los cargos de los empleados federales despedidos durante la crisis administrativa.
Según previsiones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), este cierre provocó pérdidas de unos 14.000 millones de dólares para la economía estadounidense.
Horas antes, el congreso estadounidense había aprobado el proyecto de ley que pone fin al cierre del Gobierno. El paquete asigna fondos a los Departamentos de Guerra, de Agricultura y de Asuntos de Veteranos, asi como al propio congreso hasta el otoño del próximo año, mientras que otras agencias contarán con financiación garantizada hasta finales de enero de 2026.
Con la reapertura, unos 670.000 empleados federales, que habían sido suspendidos sin salario, podrán retornar a sus puestos. Aquellos que continuaron trabajando durante el cierre recibirán el pago retroactivo correspondiente, incluidos más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad aeroportuaria. El acuerdo bipartidista también restablece los cargos de los empleados federales despedidos durante la crisis administrativa.
Según previsiones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), este cierre provocó pérdidas de unos 14.000 millones de dólares para la economía estadounidense.
