Trump justificó la medida argumentando que ni Estados Unidos ni Israel son miembros del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que el tribunal no tendría jurisdicción sobre ellos.

La orden ejecutiva establece la congelación de activos y restricciones de entrada a Estados Unidos para funcionarios de la CPI, así como para cualquier persona que colabore en investigaciones dirigidas contra ciudadanos estadounidenses o sus aliados.